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EDICOLA / KIOSK | LADINBolzano/Bozen, San José de Apartado, 14 de marzo de 2005
De Alfredo Molano Bravo
Las declaraciones del gobierno a raíz de
la masacre de San José de Apartadó no dejan duda:
las Comunidades de Paz- hay una docena en el país-
serán liquidadas a la fuerza, porque no hay lugar en el
país donde no pueda estar el Ejercito Nacional. La misma
justificación ya se dió en pasado, así como
se habló de republicas independientes, que en realidad
eran comunidades campesinas compuestas de refugiados internos. Es
paradójico que un Estado tan servil y arrodillado como
Colombia -y en particular el que preside hoy Uribe- apele al
concepto de soberanía cuando permite a EEUU hacer lo que
quiere y cuando quiere.
La reivindicación de la soberanía territorial
tiene nombre propio. Es una estrategia dirigida contra las
comunidades negras ancestrales, las reservas campesinas y las
comunidades que se oponen a la guerra y a la explotación
por intereses capitalísticos por parte del ejercito que va
donde quiere,no hay duda, pero lo guían las inversiones
privadas. Quizás en el caso de San José haya otro
elemento por sre una de las pocas comunidades en la región
que no se ha rendido a los paramilitares y que ha prohibido en su
territorio las armas y se niega a convertirse en escudo de las
fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza. El sistema mira a
sembrar el terror para que la gente desaloje y el capital puro o
impuro entre a apropiarse de tierras, ganados, mejoras. Pero la
cuestión va más allá. Detrás del
desalojo hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma
africana.
Las comunidades que después de san José
están en la mira son las de los ríos Cacarica,
Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó, en las que hay un
gran proyecto para sustituir los bosques naturales por
plantaciones de palma, llamadas desiertos verdes. El daño
ambiental cultural y social es incalculable, pero las ganancias
de las empresas palmeras serán enormes: los suelos, el
clima son inmejorables y la gente aterrorizada por la
acción de paramilitares, militares y guerrillas acepta
cualquier salario. Y estas son dos componentes básicas
para el futuro de la industria palmera en Colombia que tiene que
competir con Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, Tailandia,
Nigeria. De hecho, las ganancias dependen cada vez más del
bajo precio de la mano de obra. Más aun, el precio del
aceite de palma tiende a bajar en el mercado mundial: en 1950 la
tonelada se pagaba a 1800 dólares, hoy apenas a 300. Los
palmeros tienen proyectada la siembra de 200.000 hectáreas
solamente en el Choco, lo que implica inversiones gigantescas en
el derribe del bosque, la siembra, las vías, las plantas
extractoras y refinadoras. Muchos de estos gastos, lo pagan las
empresas con la comercialización de las maderas y otras
muchas inversiones son cubiertas por el estado. El proyecto
prepara además un marco legal llamado Ley Forestal, que es
en realidad una ley que le da todas las garantías a los
inversores privados para entrar a saco contra bosques comunidades
negras, indígenas y campesinas, y liquida los
obstáculos que se interpongan al libre juego del
interés privado. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha denunciado el combo: desde el año 2001
la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de la palma
aceitera en aproximadamente 1500 has de la zona del territorio
colectivo de estas comunidades con ayuda de la protección
armada perimetral y concéntrica del ejercito y de civiles
armados en sus factorías y bancos de semillas.(
Resolución CIDH, 6 marzo de 2003).
Muchas voces se han levantado contra el narcotrafico controlado
por los paramilitares y contra los proyectos de alternatividad
penal del gobierno. El Defensor del Pueblo ha apoyado en el
Congreso la necesidad de definir las victimas de manera amplia y
de acuerdo a los parámetros internacionales para que la
reparación pueda ser efectiva y real. Tal como está
redactado, el proyecto únicamente reconoce victimas en
primer grado de consanguinidad,- normalmente asesinados -, pero
no a sus familiares, que también tienen derecho a la
reparación y que son el depósito testimonial por
excelencia para establecer la verdad. Por eso es indispensable
que tengan representación como parte civil para que la
justicia sea cumplida. Es además importante que la
reparación ocurra antes de que a los victimarios se les
haya impuesto la pena alternativa, y no después como busca
el gobierno. Si no hay reparación y confesión de
los victimarios no habrá reconciliación.