La Asociación para los Pueblos
Amenazados (APA) pide a la Comunidad Internacional que ponga en
acto medidas concretas para poner fin al genocidio en el Darfur
en Sudan. El Consejo de Seguridad debe condenar a Sudan por ser
agresor y principal responsable de las graves violaciones de los
derechos humanos en la region, y debe finalmente decidir y
aprobar medidas aptas a la construcción de una verdadera
paz. La misma aprobación de sancciones o el envío
de tropas de paz están previstas por el Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas. En consideración
del bloqueo de las ayudas humanitarias y la posición
intransigente asumida por las autoridades de Sudan, la Comunidad
Internacional ya no puede contentarse de protestas genericas y
del envío de ayudas humanitarias, sino que debe por
fín actuar medidas concretas para la protección de
la población civil.La declaración sobre Sudan hecha por la cumbre G8 es muy decepcionante pues se limita a un pedido sin compromiso a las Naciones Unidas para que coordine los esfuerzos internacionales para poner fin a la masacre. Seguramente las simples protestas de la Comunidad Internacional no van a impresionar al régimen de Khartoum que desde 1989 hasta hoy se ha vuelto responsable de más de dos millones de muertos. Solamente ayer el vicepresidente de Sudan Ali Osman Taha ha acusado a los países occidentales de ser los "fabricantes" de la guerra en Darfur.
A los dos meses de la firma del armisticio del 8 de abril de 2004 la Union Africana (AO) por fín va a envíar a observadores para los derechos humanos a la region. Sin embargo la APA advierte por no poner demasiada esperanza en esta misión pues, según los acuerdos para el armisticio, los observadores no tendrán ningún mandato para una efectiva protección de la población civil en el Darfur. Hasta ahora las autoridades de Khartoum siempre han ignorado a los muchos informes sobre las violaciones de los derechos humanos en la region redactadas por varias organizaciones para los derechos humanos y por las mismas Naciones Unidas. Ayer un alto funcionario del gobierno de Sudan en Gran Bretaña ha negado cualquier responsabilidad de su gobierno por los graves crímenes cometidos en el Darfur.
Esta no es la primera vez que observadores para los derechos humanos sean envíados a Sudan. Sin embargo, todas las misiones precedentes han fracasado por culpa del ejército sudanes que ha sistemáticamente obstaculado el trabajo de los observadores mientras las autoridades han seguido ignorando los informes. Tomando nota de la inutilidad del trabajo hecho, en 2003 la mayoría de los observadores decidió dejar su cargo y abandonó el país.