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Brasil / Belo Monte

Asociación para los Pueblos Amenazados saluda a decisión de OAS de pedir la suspensión de la construcción de la represa de Belo Monte

Bolzano/Bozen, Ostermundigen, 6 de abril 2011

El pasado 4 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OAS) ha pedido al gobierno brasileño la suspensión del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte. La decisión es la respuesta al recurso presentado por varias organizaciones locales que lamentaban la mala e incorrecta información sobre las consecuencias de Belo Monte otorgada a las comunidades nativas y tradicionales de la cuenca del río Xingú.

Las organizaciones habían presentado el recurso a nombre de varias comunidades locales y tradicionales que no han sido interpeladas respecto al proyecto a pesa de las graves consecuencias que la construcción de la represa tendrá para ellas. La CIDH también pide a las autoridades que sean adoptadas rigurosas medidas para proteger las comunidades nativas in-contactadas que viven a sólo unos 70 km de la futura represa. El gobierno de Brasilia tiene 15 días para tomar posición.

Sheyla Juruna, vocera del pueblo Juruma ha comentado así la decisión de la OAS: "Estoy emocionada. Hoy más que nunca estoy convencida que fue justo presentar el recurso contra el gobierno y la justicia de Brasil. La represa viola los derechos de los pueblos originarios del Xingú y de todas las personas que luchan en favor del medio ambiente."

El proceso de licenciamiento para la tercera represa más grande del mundo ha sido muy criticado desde el principio. Las violaciones de las normativas de ley han comportado que la fiscalía federal del estado de Pará haya ordenado varias veces la suspensión de los trabajos. Sin embargo las que se suspendieran los trabajos sin embargo las disposiciones de la fiscalía federal han sido todas revocadas por la justicia nacional en Brasilia. Es evidente que hay enormes intereses económicos en la realización del proyecto.

La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) saluda a la decisión de CIDH y quiere recordar que según la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio OIT 169, ambos ratificados por Brasil, no es suficiente consultar a los pueblos indígenas en cuyo territorio se piensa realizar un proyecto, sino que es necesario obtener su aprobación.