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Brasil / ONU: OAS amonesta a Brasil por la represa de Belo Monte

Diplomático brasileño habla en las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y la necesidad del consentimiento libre, previo e informado (CLPI)

Bolzano/Bozen, New York, 29 de abril 2011

Rio Xingu, pueblo Asurini, 2010. Foto: Rebecca Sommer. Rio Xingu, pueblo Asurini, 2010. Foto: Rebecca Sommer.

En ocasión de la conferencia de prensa del 28 de abril organizada en Nueva York por el departamento de la ONU para la Prensa y la Información (UN DPI), el mismo departamento ha invitado a un diplomático brasileño en la ONU a hablar de los derechos de los pueblos indígenas y de la necesidad de utilizar los principios del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todos los proyectos de desarrollo y de minería. La conferencia de prensa introdujo a la próxima sesión de la comisión para el desarrollo sostenible (CSD-Commission on Sustainable Development) del 2 al 13 de mayo 2011.

En consideración de la reciente condena de Brasil por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el asunto de la represa de Belo Monte, la Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) critica a la decisión de invitar a un representante del gobierno de Brasil a hablar de derechos indígenas definiendole un acto de profundo cinismo. Comienzos de abril la CIDH había dado su respuesta a un recurso presentado por varias comunidades locales y tradicionales del río Xingú amenazadas por la construcción de la represa de Belo Monte. La CIDH pidió al gobierno brasileño la suspensión del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte y la introducción de medidas preventivas para la protección de la población indígena. La Comisión para los Derechos Humanos decide la introducción de dichas medidas solamente en pocos y raros casos considerados graves y de peligro para la vida de las personas involucradas. Además la CIDH pidió al gobierno de Brasil que en el caso de Belo Monte respete los acuerdos internacionales asumidos e inicie un correcto proceso de búsqueda de acuerdo según los principios del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con las comunidades indígenas involucradas.

El gobierno brasileño reaccionó con "estupor" a la condena de la CIDH. Sin embargo el ministro de exteriores admitió que para la represa de Belo Monte faltan estudios técnicos, económicos y de impacto ambiental y pidió a las instituciones estatales competentes – la agencia para el medio ambiente IBAMA y la agencia para los asuntos indígenas FUNAI – realizar dichos estudios. De todas maneras el ministerio olvidó mencionar que en la larga historia de la represa de Belo Monte ambas las agencias ya han expresado serias dudas y han presentado un listado de condiciones y medidas necesarias a la construcción de la represa. Ninguna de las condiciones y medidas pedidas ha sido considerada por las autoridades. En 2009 los conflictos entre IBAMA y autoridades gubernamentales llevaron a la dimisión del director del sector licencias de IBAMA Leozildo Tabajara da Silva Benjamin y del coordinador general para las infraestructuras de energía eléctrica Sebastião Custódio Pires. En enero 2010 se dimitió también el presidente de IBAMA Abelardo Azevedo.

En su discurso de ayer el diplomático brasileño celebró las buenas relaciones entre las autoridades nacionales de Brasil y los pueblos originarios y recordó las varias leyes nacionales e internacionales ratificadas para la protección de los pueblos indígenas. Sin embargo el diplomático no supo contestar contextualmente a las objeciones de la representante de la APA Rebecca Sommer quien recordó el asunto de Belo Monte, la condena de CIDH y las denuncias del Relator especial de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas James Anaya según el cual Brasil viola todos sus compromisos internacionales y nacionales en defensa de los pueblos indígenas. El diplomático respondió a las objeciones buscando amparo en las estadísticas y en las creciente tasa de natalidad entre las población indígena interpretando dicha tasa como señal para las buenas relaciones entre estado y pueblos indígenas.