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Chile / Mapuche

Los cuatro comuneros mapuche en protesta para un proceso justo llegan a 59 días de huelga de hambre

Bolzano/Bozen, 13 de mayo 2011

Activistas mapuche manifiestan durante un proceso delante del tribunal de Victoria, Chile. Foto: Massimo Falqui Massidda. Activistas mapuche manifiestan durante un proceso delante del tribunal de Victoria, Chile. Foto: Massimo Falqui Massidda.

Desde hace 59 días Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical están en huelga de hambre. Comenzaron la huelga el pasado 15 de marzo para protestar contra el proceso que les condenó a 20 y 25 años de detención gracias a las deposiciones de los así llamados "testigos sin rostro" y las normas de la ley antiterrorista (ley 18.314). Los cuatro comuneros piden la anulación de lo que se conoce como al "juicio de Cañete" y un nuevo y justo juicio.

El año pasado, estos cuatro comuneros, junto con otros 30 presos mapuches, realizaron una huelga de hambre de 82 días que se concluyó gracias en protesta contra la aplicación de la Ley Antiterrorista en sus juicios. En el acuerdo que puso fin a la dramática huelga el gobierno se comprometió a retirar las querellas presentadas bajo esa norma. Sin embargo la Fiscalía del Biobío insistió en aplicar la polémica ley. Según es mismo acuerdo el gobierno también se comprometió a no aplicar más la ley 8.314 en contra de menores de edad. También en este caso las autoridades rompieron con el acurdo y en abril 2011 arrestaron al comunero Patricio Queipul de 17 años con la acusación de "incendio terrorista" cometido en 2009, cuando tenía 15 años.

Mientras Ramón Llanquileo y Jonathan Huillican fueron trasladados al hospital de Angol y crece la preocupación por la salud de los cuatro Mapuche, el caso llegó a la Corte Suprema en Santiago donde el pasado jueves 12 de mayo comenzaron las audiencias para recurso de anulación del "juicio de Cañete". Según la vocera de los presos mapuche Natividad Llanquileo, los alegatos se prolongarán por al menos tres días. A la audiencia asistirán autoridades nacionales e internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema, Amerigo Incalcaterra o la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes.

La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) pide al gobierno que abandone definitivamente a la ley antiterrorismo emanada por la feroz dictadura militar del general Augusto Pinochet, que aplique correctamente y sin condiciones a la Convención OIT 169 así como a la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que respete las recomendaciones avanzadas por los Relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas Rodolfo Stavenhagen y James Anaya y que tome seriamente en consideración a los principio jurídicos emergidos por los juicios en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.