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EDICOLA / KIOSK | LADINBolzano/Bozen, Göttingen, 9 de septiembre de 2005
La Asociación para la defensa de los Pueblos Amenazados
(APA) ha iniciado una campaña para la abolición de
la llamada ley Antiterrorista en Chile. La organización
internacional para los derechos humanos con esta campaña
quiere alcanzar, que los representantes indios del movimiento
cívico no sean más criminalizados y que los indios
Mapuche que están encarcelados sean puestos en
libertad.
"La ley n. 18314 hace terrorista a los indios Mapuche en Chile,
solo porqué a través de los medios civiles de la
desobediencia exigen la devolución de sus tierras
usurpadas que legítimamente les corresponde", comenta la
relatora de la APA Sra. Yvonne Bangert. Los Mapuche defensores de
los derechos cívicos se quejan que por el solo hecho a
través de marchas pacíficas de protesta o
manifestaciones quieren llamar la atención por la
expropiación de sus tierras bajo la dictadura de Pinochet.
Acciones sin empleo de violencia se dirigen también contra
el racismo el cual lo sufren reiteradamente. La ocupación
de las regiones forestales de los Mapuche, las cuales hoy en
día son utilizadas como plantaciones madereras de la
industria para la celulosa o el bloqueo de vía de acceso a
los consorcios forestales pueden conducir a una acusación,
basándose legalmente en la ley contra el terrorismo.
Incendios terroristas intencionados contra vehículos
maquinarias o pilas de madera son los puntos de las acusaciones
habituales, les informa la Sra. Bangert. "En la mayoría de
los casos son humildes campesinos que luchan solo por su
existencia.
Semejante ley, la cual procede de los tiempos de la dictadura
(1973-1990) y que en el ano 1997 aún fue ampliada, no es
digna para una democracia" crítica la APA en una carta que
será enviada a cientos de direcciones de gobierno,
parlamentarios, organizaciones no gubernamentales ONG y medios de
comunicación en Chile, a la Unión Europea y otros
países. "Esta ley, la que puntualmente se aplica en contra
de los derechos humanos de una minoría étnica debe
ser abolida. Sin embargo la APA saluda explícitamente en
su carta la reciente reforma de la Constitución en Chile
la cual es muy importante para encauzar una superación del
pasado. La APA solicita al gobierno chileno en su campaña
para que deje inmediatamente en libertad a los Mapuche: Patricia
Troncoso Robles (36), Pascual Pichún Paillalao (52),
Rafael Pichún Collonao (21), Aniceto Norin Catriman (43),
Victor Ancalaf Llaupe (37), Florencio Jaime Marileo Saravia (27),
José Marileo Saravia (31) y Juan Huenulao Lielmil (38),
defensores de los derechos cívicos que sufren altas
condenas y a los cuales al mismo tiempo se les impusieron altas
multas en dinero efectivo. Que los juicios pendientes
según la ley antiterrorista en contra de otros defensores
de los derechos cívicos sean sobreseídos.
Después de muchos meses de prisión preventiva se
llega a procesar a representantes de los Mapuche. La parte
acusadora puede utilizar testigos anónimos cuyos
testimonios no pueden ser examinados por parte de la defensa.
Condenas y multas son extremadamente altas. Defensores de los
derechos humanos de renombre internacional, como por ejemplo el
enviado especial de la UNO para las demandas de los Pueblos
Indígenas, Señor Rodolfo Stavenhagen, critican
duramente la aplicación de semejante concedimiento
especial de ley, ante hechos que comparativamente fueron
inofensivos y que de ningún modo tendieron a herir o matar
personas. Los Mapuche son el grupo de habitantes originarios mas
grande de Chile. Ellos son con un 1,3 millones casi el 10% de la
población total de Chile. Por siglos ellos defendieron sus
tierras contra los Inkas y la Conquista Española y
finalmente fueron vencidos por el joven Estado Chileno a fines
del siglo 19. Chile y Argentina se repartieron sus tierras. A
muchos les han quedado solamente pequeñas áreas a
causa del robo de tierras sobre todo en la Dictadura de Pinochet
y por esta razón casi la mitad de los Mapuche se ven
obligados a vivir en las ciudades.